Ciudad de Buenos Aires, Argentina – Mariano Quiroga
La tragedia que estamos padeciendo los argentinos es tan enorme, que requeriría un trabajo sistemático y sostenido para su descripción. La posología catártica que tienen la contadas crónicas que logro escribir en los intervalos entre las obligaciones de supervivencia no alcanzan para dimensionar, ni para vislumbrar salidas a esta encerrona que viene acentuándose desde hace una década.
El regodeo de los criminales que andan sueltos es tan grande y obsceno, que no queda más remedio que contestarles modestamente en algunas líneas.
Quien arruinara la existencia de las mayorías en la Argentina en 2001, entre 2015 y 2019 y ahora con mayor ahínco, Federico Sturzenegger, favorecido por prescripciones judiciales o encajonamiento de denuncias de sus crímenes, se jactaba ayer del ahorro generado para las arcas del Estado de un 8,2 % relativos a los sueldos que ya no se pagan a quienes fueron despedidos.
Creo que no hace falta enumerar quienes han sido víctimas de la motosierra de este gobierno, en el que “Sturze” funge como ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina. Porque las áreas más diezmadas tienen que ver con discapacidad, niñez, mujeres, órganos de control e inspección, el listado es gigante porque se trata de más de 42 mil despidos del Estado nacional.
Lo cierto es que cuenta con la complicidad de los medios de comunicación y el beneplácito de un alto porcentaje de la población que de tan mal que vivían, creían que no se podía estar peor. O, en su defecto, consideraban que quienes todavía no la estaban pasando tan mal como ellos, merecían morder el mismo polvo.
No me interesa detenerme en ese constructo social de “sálvese quién pueda”, casualmente los mismos tópicos sobre los que escribía cuando arranqué en el periodismo a los 14, 15 años. El chiste de esos años era “No al monumento a Videla”, después de los actos por el 2 de abril de esta semana, ese monumento está volviendo a erigirse.
Me voy por las ramas. Decía, no quiero ensayar entender lo que lleva al pueblo argentino (extensivo a casi todo Occidente) a estos autoboicoteos sucesivos. Me detengo, eso sí, en estado de alerta, frente al regocijo de muchos ante la posibilidad de que se apruebe una ley que baje la edad de imputabilidad de 16 a los 13 o 14 años.
Insistirán poniéndonos en bucle a toda hora imágenes en las que se vean a niños cometiendo delitos, nos hablarán de los que llevan armas a las escuelas, los que planifican masacres a lo Columbine, las puertas giratorias de la justicia, la drogodependencia. Es decir, la misma medicina con la que lograron que la sociedad avale las políticas represivas. Una magistral solución que terminó con la inseguridad en ningún lado.
El maniqueísmo en boga, asociado a las hordas canceladoras a la usanza de este siglo invalida cualquier debate, castiga a quien ose “defender a delincuentes” o trate de aportar información contrastada frente a la ola desinformativa.
Desinformativa y deformativa, porque también la cultura monstrualiza a nuestros jóvenes y niños. Los convierte en asesinos psicópatas que defraudan y sorprenden a los adultos de su entorno. Décadas y décadas de fracasos. Décadas y décadas de insistir en tropezarse con las mismas piedras. Y no me refiero solamente a que vuelvan a gobernarnos Sturzenegger, Bullrich, Caputo o la figurita que usted guste pegar acá.
Cuando se presentó en el Congreso el proyecto del “Régimen Penal Juvenil”, el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) elaboró un documento dando sus razones para oponerse a dicho mamotreto demagógico.
Lo primero es pensar que se trata del sector de la población con mayor pobreza, más de un millón de niños y adolescentes no cenan en la Argentina desde hace bastante tiempo. Por eso se intentó bajar la edad de imputabilidad a los 14 años en 2017, a los 15 en 2019 y ahora van a por los 13 años.
Puede indigestarse leyéndolo acá: https://drive.google.com/file/d/1mqqemCztCAeHeaS6zvaEjZIhKG1kYAtm/view
El CEPOC entiende que el proyecto no logra fundamentar por qué debería bajarse la edad de imputabilidad, además lo califica de regresivo y recuerda que en 1921 se establecía a los 14 años y fue durante el peronismo que se lo elevó a los 16 (1954) con una ley dirigida a defender los derechos de la infancia. Durante la última dictadura se volvió a llevar a los 14 y tras la vuelta de la democracia en 1983 volvió a retrotraerse.
De hecho la Argentina es ejemplo mundial por la edad de imputabilidad según el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por otro lado los delitos cometidos por niños de 13, 14 y 15 años es ínfima, según el censo de 2022, había 44 menores de 16 años detenidos.
Que los chicos y chicas de 13 a 15 años que no eran punibles, pasen de golpe a tener posibles penas de 20 años de reclusión es una aberración. Hasta ahora se los trata como inimputables, cuando la legislación argentina en realidad establece la obligatoriedad del patronato y no deberían ser juzgados por Estado Penal, sino acompañados por el Estado Social ya que no son punibles.
El proyecto viola los siguientes derechos de los niños: pena de prisión como último recurso y por el plazo más breve que proceda, trato diferenciado, revisión periódica de las penas y sistema de justicia especializado.
A su vez el CEPOC advierte que “casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado”, incluso el gobierno reconoce que esto es así, pero en vez “de protegerlos, en tanto víctimas de esa utilización, propone castigarlos por ser vulnerables y utilizables”.
“Descargar sobre ellos el encierro y la cárcel, es volver a incumplir las obligaciones básicas que el Estado tiene para la infancia. Usarlos como herramienta para encontrar quién los manda a delinquir es quitarles sus derechos como niños y transformarlos de modo perverso en un instrumento de la policía y del aparato judicial, además de ponerlos en peligro frente a los adultos que los utilizan” denuncia el documento elaborado por CEPOC.
El documento completo puede encontrarse aquí: https://cepoc-cepoc.blogspot.com/2024/08/10-motivos-para-decir-no-al-proyecto-de.html?m=1&s=08
Se amplifican, una vez más, las voces estridentes de quienes se escandalizan por la violencia que nos rodea, como si esa violencia les fuera ajena, como si se tratara de un mar en el que están flotando como si fueran corchos (si pensaron en otra materia flotante es cosa suya). Este proyecto delega la violencia, el castigo, el abuso al Estado Penal y nos aleja cada vez más de esos niños, niñas y adolescentes. Los tiramos como un juguete roto, objetos, desechos. Deshechos por una sociedad cada vez más infanticida y cruel.
Debemos mantenernos alertas porque Argentina está siendo gobernada por gente insensible, que hace pocos meses intentó despenalizar el comercio de niños, que insiste con habilitar la venta de órganos, que desfinancia todas las dependencias estatales que tienen jurisdicción en el cuidado de los menores. Recientemente la Subsecretaria de Seguridad Social puntualizó que en noviembre de 2024 se pagaron casi 900.000 Asignaciones Familiares por Hijo menos que las que se pagaban en noviembre de 2023. Los jubilados, los enfermos, las personas con discapacidad y los niños se han convertido en el blanco preferido del gobierno de Javier Milei. Nada sorprendente.
Mariano Quiroga Nacido en Buenos Aires en 1976 es periodista, poeta y editor internacional para Pressenza. Su trayectoria incluye publicaciones en distintos países y lenguas. Actualmente realiza programas de radio para la radio pública ecuatoriana y radios comunitarias de la Argentina. Comunicador humanista especializado en política internacional. Su vocación lo lleva a buscar tender puentes que permitan poner en relación datos, hechos, personas y contextos para construir una mirada inclusiva que sintetice las búsquedas más loables de justicia social y humanización del planeta.
