El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció hoy que su departamento aprobará en los próximos días una instrucción policial con “medidas de calado” contra la ocupación de viviendas, que se sumará a la circular dada a conocer este martes por la Fiscalía para mejorar la respuesta de los tribunales ante la entrada en inmuebles.
Marlaska anunció esta instrucción en el Pleno del Congreso y durante una interpelación sobre la materia presentada por Vox y defendida por su diputado Ignacio Garriga.
El titular de Interior explicó que el Gobierno había aplicado la “escucha activa” respecto a la ocupación y decidido tomar medidas ante el “debate” que este problema está generando en la sociedad, sin que ello suponga olvidarse de los derechos de las “personas vulnerables”.
El ministro señaló que es “innegable” que en los últimos años se ha producido en España un aumento “de diversas conductas delictivas que atentan contra el derecho a la propiedad privada”. Indicó que se ha pasado de 3.849 hechos relacionados con la ocupación en 2011 a 12.214 en 2018, mientras que durante el primer semestre de 2020 se han contabilizado 8.000 casos de entrada en viviendas.
Marlaska afirmó que los datos de 2011 a 2018 muestras que las ocupaciones de viviendas “se multiplicaron aproximadamente por tres” durante el Gobierno de Mariano Rajoy, algo que atribuyó, a que las Fuerzas de Seguridad del Estado perdieron unos 12.000 efectivos durante este período.
“ATAJAR” ESTOS DELITOS
No obstante, apuntó que ante la “realidad” del aumento de las ocupaciones es “imprescindible” tomar medidas para “atajar” la comisión de un delito que genera “alarma” en la sociedad. Por este motivo, explicó que Interior está va a tomar “medidas de calado” que figurarán en una instrucción policial que se dictará en los próximos días y que complementará a la emitida por la Fiscalía.
Explicó que, junto a la decisión de ir recuperando los 12.000 agentes que España perdió con el Gobierno de Rajoy, se harán otras mejoras concretas para dar “más certidumbre y más seguridad” a agentes y ciudadanos para combatir la ocupación de viviendas. Con este fin, en colaboración con la Fiscalía y el Poder Judicial, se realizará “una mejora sustancial de los protocolos de actuación policial”, que incluirán el criterio de “facilitar los desalojos inmediatos” cuando se produzca una “usurpación flagrante” de viviendas y otros inmuebles.
Señaló que “en los restantes casos de usurpación acreditada la propiedad de la del inmueble, las Fuerzas y Cuerpos podrán solicitar el desalojo cautelar a la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Otra mejora es que se establecerán directrices “para que todos los atestados policiales recojan los elementos que conforman los tipos penales de la ocupación ilegal de inmuebles para acelerar su tramitación judicial”.
También se contemplan actuaciones como la formación de los agentes contra la entrada en viviendas; asesorar a las víctimas de estas conductas; tomar acciones que prevengan la aparición o actividad de grupos y organizaciones criminales dedicadas a la usurpación; potenciar la colaboración con instituciones municipales y autonómicas, así como con instituciones y entidades que permitan conocer y afrontar mejor la problemática; y mejorar las capacidades de obtención de información mediante coordinación con colectivos sociales afectados y entidades asociativas.
“BENEFICIAR AL DELINCUENTE”
Asimismo, el ministro reprochó a Vox haber cambiado de opinión en el asunto de la ocupación, ya que mientras que su programa electoral llamaba a la autodefensa de los ciudadanos, ahora reclaman la actuación del Estado de derecho. Además, acusó al partido de Santiago Abascal de mezclar el problema de la entrada en viviendas con la inmigración y de alentar el “enfrentamiento” en la sociedad.
En este sentido,Garriga afirmó que el fenómeno de la entrada en viviendas tiene relación con la “inmigración masiva” y que así lo demuestran los datos, al tiempo que dijo que el Gobierno es “cómplice” de esta situación por su tendencia a “beneficiar al delincuente” en vez de a las víctimas del delito.
Este diputado de Vox añadió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “una amenaza contra la propiedad privada”, puesto que prefiere “poner por delante los intereses de los delincuentes a los de las familias y trabajadores”. Sobre la autodefensa, este parlamentario respondió al ministro que si alguien entrara en su casa mientras está con sus hijas tomaría cualquier cosa que tuviera a mano para defenderse.
(SERVIMEDIA)
