El nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tiene entre sus retos más acuciantes al frente a de este departamento la reforma del artículo 49 de la Constitución española, una cuestión que lleva tiempo enquistada por la falta de consenso entre los partidos políticos.
Bustinduy se encargará de Derechos Sociales después de que Nacho Álvarez, la primera opción para este departamento, se apartara definitivamente por la negativa de su partido, Podemos, a avalarle para el cargo.
Álvarez, que como indicó Servimedia, ya mostraba entonces recelos a ser ministro sin aval de Podemos, estaba comenzando a dejarlos atrás cuando Sumar, el viernes, ofreció por escrito a Podemos que fuera su cuota en el nuevo Gobierno a cambio de unidad política en el grupo parlamentario y electoral en los comicios del año que viene.
Sin embargo, el partido liderado por Ione Belarra, que desde el principio había avisado de que no aceptaría como propio ningún ministro que no nombrara su Ejecutiva, rechazó la propuesta y, la noche de viernes, anunció en una carta abierta a la militancia que renunciaba al cargado que le había propuesto Yolanda Díaz y también a los que venía ocupando en Podemos.
Le reemplaza, por tanto, Bustinduy, de 40 años, que fue miembro de la Ejecutiva de Podemos como secretario de Internacional desde 2015 y diputado y portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores desde 2016. Adscrito a la corriente «errejonista», cuando Errejón abandonó el partido a comienzos de 2019 para unirse al Más Madrid de Manuela Carmena, él renunció a ser cabeza de lista a las elecciones europeas de mayo de ese año y dejó la política, hasta que Sumar lo recuperó este verano como uno de sus portavoces de campaña, en su caso de Exteriores.
Nada más ser oficializado su nombramiento como ministro, Bustinduy publicó el siguiente mensaje en redes sociales: “Asumo el reto con responsabilidad y gratitud a quienes me han precedido. Dedicaré mi tiempo a ampliar los derechos sociales, condición esencial de la democracia, a defender un modelo de consumo justo y sostenible y a que España sea referente de desarrollo e igualdad. Vamos ello”.
ARTÍCULO 49
Pablo Bustinduy tendrá entre sus principales cometidos concretar la reforma del artículo 49 de la Constitución, máxime cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió durante el debate de investidura a modificarlo “por fin” en esta legislatura.
Ya en la pasada legislatura se trató de abordar este cambio, que es un reclamo de distintas asociaciones de personas con discapacidad, pero con la convocatoria de elecciones generales anticipadas y la disolución de las Cortes Generales que tuvo lugar el pasado 29 de mayo no se pudo avanzar más en este aspecto, también ante las diferencias del PP y PSOE que, durante años, han impedido un punto de consenso.
Cabe recordar que este artículo está redactado actualmente como sigue: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Según el texto impulsado por el Cermi (Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad), el proyecto buscaba sustituir el término ‘disminuido’ por la expresión ‘personas con discapacidad’.
Además, perseguía reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y subrayar la obligación de los poderes públicos de proteger a este colectivo y de luchar contra su discriminación, al tiempo que hacía una mención especial a la situación de las mujeres y las niñas con esta condición.
El movimiento asociativo reclama desde hace años esta modificación de la Carta Magna, que espera pueda salir adelante en la presente legislatura.
Además, el nuevo ministro deberá seguir trabajando en el pleno desarrollo de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad e impulsar la inclusión de este colectivo en ámbitos como el empleo, la educación y la vivienda.
IRPF Y SOCIEDADES
Otra de las cuestiones que Bustinduy tendrá que afrontar como ministro es el reclamó de las entidades del Tercer Sector de aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales.
Nacho Álvarez en su última reunión como secretario de Estado con Derechos Sociales con la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector reconoció que es “una apuesta complicada”, pero aseveró que “merece la pena seguir trabajando en ella”.
En lo concerniente a la economía de los cuidados, Bustinduy se incorpora al Gobierno después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada la distribución de 1.099.994.178,33 euros entre las comunidades autónomas para la puesta en marcha del plan de choque.
En cuanto a la financiación de la dependencia, el nuevo ministro de Derechos Sociales tendrá que concretar el compromiso reflejado en el acuerdo suscrito entre PSOE y Sumar, según el cual se busca que la financiación del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) alcance el 50%.
En ese sentido, tiene encomendada la misión de poner en marcha una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y la adaptación de la Ley de Dependencia para “impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial”.
Del mismo modo, habrá de trabajar para garantizar el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo y el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación -comúnmente conocido como ‘nuevo modelo de residencia’- acordado con las comunidades autónomas en el seno del SAAD.
También tendrá que rematar el desarrollo de la Ley de Cuidados, una tarea que su predecesora, Ione Belarra, no pudo completar.
CONSUMO
Pablo Bustinduy asumirá las competencias de Consumo, una competencia que en la anterior legislatura tenía rango de ministerio propio, a cuyos mandos estaba Alberto Garzón. En esta materia, el nuevo Gobierno se compromete a “reforzar” los derechos de los consumidores aprobando, en primer lugar, una Ley de Servicios de Atención a la Clientela después de que el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela impulsado por Consumo decayera dos semanas antes de su aprobación definitiva en las Cortes debido a la convocatoria de elecciones.
Junto a ello, en “coordinación” con las autonomías, prevé aprobar una norma estatal para la “mejora” de la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares y que pretende también “regular” la oferta en las máquinas de ‘vending’ y puntos de venta en centros educativos para que sea “saludable”, otra de las batallas del departamento de Garzón.
En paralelo, otra de las tareas de Bustinduy será “modernizar” el Sistema Arbitral de Consumo, “fomentar” el asociacionismo, “renovando e impulsando” el Consejo de Consumidores y Usuarios y “mejorar” los mecanismos procesales en defensa de los “intereses colectivos” en materia de acciones de representación de los consumidores.
Además, el nuevo Gobierno aboga por “abaratar” la factura eléctrica, “reforzar” los instrumentos de protección a los consumidores “vulnerables” para combatir la pobreza energética.
Asimismo, PSOE y Sumar se comprometieron a aprobar una estrategia para la “reducción” del “impacto ecológico” del consumo, “impulsando” patrones “más saludables y sostenibles” y a garantizar el derecho a reparar de los consumidores, por medio de una transposición de la normativa europea, en materias tales como el etiquetado, las garantías de durabilidad o la disponibilidad de piezas.
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