por José Antonio Yturriaga
Tras el diluvio universal, los herederos de Noé se establecieron en la llanura de Senaar. Era la tierra toda de una lengua y de una misma palabra. Y dijéronse unos a otros: “Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos”. Bajó Yavé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres y se dijo: “He aquí un pueblo uno en que tienen todos una lengua sola. Se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues, y confundamos su lengua de modo que no se entiendan unos a otros”. Por eso se llama Babel, porque allí confundió Yavé la lengua de la tierra toda (Genesis, 11-1/9
La lengua es el medio principal de comunicación entre los mortales. Ante la proliferación de lenguas provocada por el babelismo, los hombres tratan de buscar una lengua común para entenderse mejor. En la Edad Media lo fue el latín, en la Edad Moderna lo fue en cierta medida el español, y en la Edad Contemporánea el inglés es la lengua franca. El español es la segunda lengua universal y la más enseñada en todo el mundo tras el inglés. Su estudio está en expansión por doquier, salvo en algunas regiones de… España, como Cataluña, porque hasta en esto “Spain is different”.
Según el artículo 3 de la Constitución, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas son oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. En consecuencia, son lenguas cooficiales el catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco, el gallego en Galicia y el valenciano en la Comunidad de Valencia. Algunas Comunidades han potenciado al máximo el conocimiento y la enseñanza de sus lenguas propias -lo cual es digno de elogio-, pero lo han hecho marginando el castellano e incluso excluyendo su uso en la enseñanza y en la Administración pública
Abuso de algunas comunidades al fomentar sus lenguas propias
En Cataluña, tras el ostracismo sufrido por el catalán durante los Gobiernos de Franco, el péndulo ha basculado hacia el otro extremo. Según el Estatuto de Autonomía de 1979, el catalán es la lengua propia oficial de Cataluña, mientras que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado. “La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y creará las condiciones que permitan alcanzar su igualdad plena en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña” (artículo 3).
Durante la presidencia de Tarradellas se logró una fórmula razonable consistente en potenciar el catalán para igualarlo con el castellano y normalizar a nivel oficial un bilingüismo armónico que existía en la vida real. Jordi Pujol, en cambio, inició un proceso gradual para establecer el monolingüismo en catalán, consciente de que la lengua era el instrumento básico para crear la estructura de un futuro Estado independiente. De ahí sus Leyes de normalización lingüística de 1983 y de política lingüística de 1998, y la introducción del sistema de inmersión forzosa en catalán, oficializado en la Ley de educación de 2009 . En 2005, el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall propició la reforma del Estatuto de Sau, y la nueva norma estableció que el catalán era la lengua normal y preferente en la educación y en la Administración, pero la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 suprimió el calificativo de “preferente”
Ante la negativa de las escuelas a impartir clases en castellano, algunos padres tuvieron que recurrir a la Justicia y -aunque los Tribunales les daban la razón- los directores de las escuelas, con la connivencia de la Administración, no aplicaban las sentencias. El TSJC se pronuncio en 2020 por la obligatoriedad de que las escuelas catalanas impartiera al menos un 25% de las asignaturas en castellano. La Generalitat no acató la sentencia y dictó el Decreto-ley 6/2022 para imposibilitar su ejecución, y el Parlament aprobó en 2022 -con el voto del PSC y de los Comunes- la Ley de lenguas oficiales de la enseñanza no universitaria, que establecía que el catalán era la única lengua vehicular y que el uso del castellano -que solo era lengua curricular- se dejaba a la decisión de los centros escolares. El Gobierno central condonó la Ley “de facto”. Ahora, los partidos independentistas que impiden la plena aplicación de la lengua oficial en una parte del Estado español, pretenden que el catalán se utilice en el Congreso.
Según el artículo 6 del Estatuto de Guernica de 1979, el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen derecho a conocer y usar ambas lenguas. Las autoridades autonómicas garantizarán su uso y tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. El Gobierno vasco ha potenciado el euskera y le ha dado preferencia. En 2016 se aprobó Ley de instituciones locales de Euskadi, que establecía que los Ayuntamientos podían decidir la lengua con la que trabajar. El TC ha estimado en 2023 que algunas disposiciones de la Ley atacaban el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas, al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera, y que la Ley no se dirigía a promover una lengua cooficial, sino que prescribía un uso prioritario del euskera, con la que se producía un desequilibrio injustificado en el uso del castellano. En 2019, el Gobierno vasco dictó un Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones y locales de Euskadi, que regulaba el uso privilegiado del euskera en detrimento del castellano, por lo que incurría en los mismos vicios de inconstitucionalidad que la Ley de 2016.
En Navarra, la lengua oficial es el castellano, pero en el tercio norte vascófono el euskera es cooficial y en él rige el mismo sistema educativo que en Euskadi. Los últimos gobiernos de coalición de Geroa Bai (PNV) y PSN han seguido una política de euskaldunización, tanto en la Administración como en la enseñanza. En un decreto de 2017 por el que se regulaba el uso del euskera en la Administración, se imponía su uso en toda la Comunidad. En una sentencia de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló los artículos que valoraban el conocimiento del vascuence como mérito en las zonas no vascófonas.
El artículo 5 del Estatuto de Galicia de 1981 considera el gallego como la lengua propia de la comunidad y, junto con el castellano, son lenguas oficiales. Desde la época de Fraga, El PP acogió en su seno a galleguistas conservadores, que han introducido en la Xunta un cierto grado de nacionalismo. Galicia se unió a la agrupación nacionalista Galeusca, junto con el País Vasco y Cataluña, y se ha sumado a algunas de sus reivindicaciones. Sin llegar a los extremos de Cataluña o Euskadi, en Galicia también se han cometido acciones hostiles contra el castellano, sobre todo en el ámbito educativo. La Galicia del PP debería hacer autocrítica y corregir esos excesos.
Según el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad Valenciana de 1982, el valenciano es la lengua propia de la Comunidad y tiene carácter oficial junto con el castellano. Durante los Gobiernos de coalición del PSOE con Compromís y Podemos se adoptó una Ley sobre plurilingüismo que potenciaba el catalán y discriminaba al castellano. Los anteriores Gobiernos autonómicos menospreciaron el valenciano y potenciaron el catalán, incluyendo a la Comunidad en los “países catalanes”. La situación ha cambiado radicalmente con el nuevo gobierno PP-Vox presidido por Carlos Mazón, que ha establecido el principio de libertad elección de lengua y de centro educativo por parte de los padres.
Una situación similar se produjo Baleares, donde el Gobierno de coalición del PSOE con Podemos y el nacionalista Més, dirigido por Francina Armengol potenció el catalán en la enseñanza y en la Administración pública hasta el extremo de exigir un alto conocimiento del catalán por parte de los empleados en el sector sanitario, lo que provocó un agudo déficit en la cobertura de servicios médicos en todas las islas. El nuevo Gobierno del PP de Marga Prohens ha cambiado radicalmente de orientación y propugna un sistema de libertad de enseñanza
Uso en el Congreso de las lenguas cooficiales
En el pacto que concertó Sánchez con Puigdemont para que JxC permitiera con sus votos la formación de la mesa del Congreso presidida por Armengol, aquél puso como condición que se permitiera el uso en el Congreso del catalán, el euskera y el gallego -no así el valenciano-. En el primer discurso tras su elección, Armengol anunció -sin tener competencias para ello- que desde ya los diputados podrían utilizar dichas lenguas en todas las actividades de la Cámara. Abrió asimismo la vía para la utilización de otras lenguas no oficiales como el bable, el aragonés o el aranés.
El PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas presentaron una propuesta para modificar el Reglamento del Congreso, que fue admitida a trámite el 18 de septiembre. Se trataba de una propuesta que reproducía la presentada hace 15 meses y que fue rechazada por 71 a favor y 268 en contra, entre los que figuraban los de los diputados del PSOE ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que Sánchez necesita los siete votos de JxC para ser investido presidente y Puigdemont condiciona su apoyo a la concesión de una amnistía a todos los involucrados en el procès y al uso del catalán en el Congreso y en las instituciones de la Unión Europea. La Mesa del Congreso autorizó la propuesta que permite el uso de las tres lenguas cooficiales y Armengol autorizó ilegalmente dicho uso en el pleno del Congreso del día 20, puesto que éste no había probado aún la reforma del Reglamento, cosa que ha hecho el día 21 hoy con 180 votos a favor, incluido el de Coalición Canaria, que ha cambiado de bloque.
Pese a las advertencia de los letrados de la Cámara, su presidenta ha seguido adelante para pagar en especie el precio pactado por el ¨PSOE con JxC para su elección y no ha dudado en abusar de su poder. Como ha señalado Ger hola holamán Teruel en su magnífico artículo “Babel parlamentaria e integración territorial” , cualquier decisión materialmente constitucional -y el uso de las lenguas en el Congreso lo es- debería venir precedido de un acuerdo que incluyera a los dos grandes partidos. Somos -en expresión de Manuel Aragón- una democracia “consensual”, por lo que en estos temas no basta con tener la mitad más uno de los votos, sino que hay que aspirar a generar consensos. Resulta nocivo que una mayoría envalentonada adopte reformas institucionales sin contar con la otra mitad del arco parlamentario. El abrumador rechazo de la propuesta de 2022 puso de manifiesto que no había ninguna laguna que colmar mediante una resolución de la presidenta de la Cámara, sino que existía la voluntad expresa de que ésta no debería modificar el Reglamento y mantener el español como única lengua “¿Tiene sentido convertir el Congreso en una Babel lingüística?”.
Todos los intervinientes de la izquierdas utilizaron las lenguas cooficiales, con lo que dieron la impresión de que el español -la bandera rojigualda- era patrimonio de la derecha. Tan solo rompió esta presunción el ínclito portavoz del PP, Borja Semper, quien pronunció tres parrafadas en euskera en contra de la normativa aún vigente, de las instrucciones de su partido y del sentido común. Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo, no sin antes depositar sus pinganillo en los escaños vacíos del presidente y de su vicepresidenta primera. Por el momento solo habrá interpretación de las lenguas cooficiales al español, en una unidireccionalidad que no debería placer a Puigdemont, porque -como ha observado Arcadi Espada-, si el catalán es una lengua de ida pero no de vuelta, “la naturaleza ‘manquée’ de la nación seguirá vigente y el castellano seguirá conservando su carácter de koiné”.
Sesenta antiguos parlamentarios de distintos partidos -incluidos varios presidentes del Congreso, del Senado y de Comunidades Autónomas, y 17 ministros- han enviado una carta a Armengol para expresar su estupor y consternación por la precipitada iniciativa de modificar los usos del Congreso para convertirlo en una institución plurinacional. “Hemos sentido el Parlamento como la casa del diálogo y de la deliberación al servicio de los españoles. En todo este tiempo el castellano -lengua oficial del Estado- ha sido la lengua con la que hemos dialogado. Lo hemos hecho con normalidad ya que el castellano es nuestra lengua común, la lengua es la que todos los españoles nos entendemos en nuestra vida cotidiana en todos los lugares de España. Ningún español necesita intérprete cuando habla con otro español”. La verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles, que tendrán que recurrir al pinganillo para entenderse entre ellos. La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable y una ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático. “Si no fuera trágico, sería profundamente ridículo”. Por eso han expresado su más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecúa a nuestra realidad lingüística y no resulta razonable.
Como ha señalado un editorial de “El Debate”, “si le quedara alguna dignidad a la Señora de los pinganillos, bueno sería que leyera con atención esta misiva y actuara en consecuencia, denegando la cooficialidad de las lenguas regionales en el Congreso”. Según “El Mundo”, el Gobierno no hace un reconocimiento simbólico de los idiomas cooficiales, sino que da un nuevo paso en la negación del español como lengua común. “El objetivo es la desvertebración de la España cívica y constitucional. Por ello, no es el aceptable que el PSOE imponga una modificación que rechazó en junio de 2022 y que ahora solo defiende para conservar el poder”.
Uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la Unión Europea
La primera letra que tuvo que pagar Sánchez en su turbio pacto con Puigdemont fue la tentativa de que el catalán, el euskera y el gallego fueran considerados como idiomas oficiales de la UE y -a tales efectos- el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió en la madrugada del 17 de agosto una misiva a la Secretaría General del Consejo Europeo para -saltándose las normas vigentes- solicitar la reforma del Reglamento lingüístico 1/1958, porque ese día era indispensable el voto de JxC para elegir Armengol presidenta del Congreso. El día 22 firmé, junto a varios miembros del Foro de Profesores, una carta dirigida a la Secretaría General del Consejo, en la que denunciábamos la ilegalidad de la actuación del ministro, por haber hecho una propuesta importante cuando un Gobierno en funciones no está capacitado para ello y por no contar con la preceptiva decisión a tal el efecto del Consejo de Ministros.
Salvada la primera valla de la elección de la Mesa del Congreso, el Gobierno tenía que superar la segunday Albares se trasladó el día 19 a Bruselas para asistir a la reunión del Consejo de Asuntos Generales para implorar a los Estados miembros que accedieran a la estrafalaria propuesta española. Estados como Suecia, Finlandia, Bélgica, Países Bajos o Francia habían expresado su reticencia ante semejante propuesta. Albares trató de convencerlos prometiendo que España asumiría los costes de la operación y -ante el mantenimiento de las reservas y del requerimiento de que se hiciera un estudio sobre las consecuencias de la propuesta- sugirió empezar por la incorporación del catalán y dejar para más tarde la de las otras dos lenguas, lo que ha provocado el enfado del PNV, Bildu y BNG, y ha tenido que rectificar.
No es normal que un Estado solicite de golpe y con urgencia la inclusión de tres idiomas regionales como lenguas oficiales de la Unión, lo que tendría un elevado coste económico, implicaría cambios estructurales en los servicios administrativos, y supondría un peligroso precedente que abriría la puerta a la oficialidad de los 60 idiomas que se hablan en los países miembros. Y es aún menos normal que lo haga un Estado aprovechándose de su condición de presidente rotatorio del Consejo Europeo. El Consejo de Asuntos Generales ha aplazado “sine die” su decisión sobre la solicitud para estudiarla con calma, tras la elaboración de informes sobre su fundamento jurídico y la estimación de los costes y de las incidencias sobre el funcionamiento operativo de las instituciones de la UE. Se deja pues, la decisión -que requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros- “ad calendas comunitarias”. El voluntarioso Albares -que ha sido calificado por Jorge Bustos como Ministro de Exteriores de Cataluña en el exilio- se ha mostrado satisfecho porque nadie ha vetado la propuesta y, sobre todo, porque ha cumplido con las exigencias del prófugo de Waterloo, quien le ha agradecido sus esfuerzos pese a ser insuficientes. Este inhabitual comentario de Puigdemont es una muestra de que parece que no negará el apoyo de su partido a la candidatura de Sánchez por no haberse logrado el objetivo comunitario. Sánchez es consciente de que Puigdemont tiene la sartén por el mango y el mango/mando a distancia también, por lo que está dispuesto a tragar cualquier sapo para conservar el poder. Gracias a él y a sus aliados, España se ha convertido una vez más en el hazmerreír de Europa.
Según ha observado Teruel, en el Parlamento Europeo no hay una lengua común, pero en el Congreso sí la hay, el castellano. Como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 821/1986, éste es el único idioma oficial del Estado y las demás lenguas españolas solo lo son en sus respectivos territorios, una oficialidad que comporta que el castellano sea reconocido por los poderes públicos como el medio normal de comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados. Las lenguas -que son medios de comunicación y entendimiento- han sido convertidas por los nacionalismos identitarios en medios de incomunicación y desentendimiento, y semejante aberración ha sido comprada y pagada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Enviado por Jose Antonio Sierra
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