Sánchez: “PP y Cs están realizando un auténtico chantaje a los familiares de los usuarios para que acepten el cierre y el traslado a un centro privado, todo ello en plena pandemia, es intolerable, no vamos a aceptarlo”
La diputada portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la Diputación de Málaga, Teresa Sánchez, ha participado hoy en la asamblea convocada por los sindicatos CC.OO, UGT y ASED, miembros de la plantilla y de las bolsas de trabajo y familiares de usuarios del centro de atención especializada Guadalmedina, con el objetivo de que “no se cierre este importante recurso social público, tal y como está promoviendo el equipo de gobierno del PP y Cs, encabezado por Francisco Salado. Los familiares nos han trasladado que han sido engañados y que les han puesto entre la espada y la pared al decirle que, o aceptan el cierre y el traslado a un centro privado o que se busquen la vida. Es muy grave, más aún en un contexto de pandemia como el actual. Es un chantaje intolerable, por ello vamos a seguir sumando fuerzas para evitar el cierre”.
Sánchez hace público que, “junto al calendario de movilizaciones y las iniciativas que presentaremos ante la Diputación, los familiares están asesorándose para emprender acciones legales en defensa de los derechos que asisten a los usuarios y que, entienden, están siendo pisoteados. A la vez, estamos en contacto con nuestro grupo en el Parlamento de Andalucía para fiscalizar los convenios que puedan elaborar la Junta y la Diputación”.
La diputada de la confluencia explica que “el cierre previsto por el PP y Cs afectará a 29 usuarios, aunque podrían ser 50 si el centro estuviese a pleno rendimiento, algo que no es una realidad porque el PP lleva años impidiendo nuevos ingresos para favorecer la estocada final que ahora quiere darle a este recurso. Y tras el Guadalmedina, la amenaza pasará a los dos únicos centros que aún gestiona de forma directa la Diputación, la residencia de La Vega y el Virgen de la Esperanza”.
Desde Adelante recuerdan que al cierre del Guadalmedina “le han precedido otros desde que el PP accedió al gobierno de la Diputación en 2011: la residencia de mayores Los Montes, el Centro Infantil, el Centro Básico de Acogida, la residencia de Mayores San Carlos, la Unidad de Estancia Diurna de Alzheimer, el Centro Cívico y la Escuela Universitaria de Enfermería. Un grave desmantelamiento de lo público”.
Sánchez informa de que “el cierre y los traslado se prevén como inminentes, aunque desde el gobierno de Salado no han confirmado nada. Lo cierto es que ni el convenio entre la Diputación y la Junta para la cesión de los terrenos, ni el acuerdo entre la Junta y el San Juan de Dios, el centro al que se quiere trasladar a los usuarios, están firmados. Por ello, aún no es definitivo y confiamos en que con la presión que estamos realizando podamos dar marcha atrás a la situación”.
La delegada de CC.OO en el Centro Guadalmedina, María Espinosa, entiende que “ni Elías Bendodo ni Francisco Salado tiene derecho a desahuciar a unas personas, menos aún en mitad de una pandemia, ya que es exponerlos a un peligro innecesario. El máximo responsable será el presidente Salado por no garantizarles una tutela efectiva, que en algunos casos la Diputación tiene encomendada desde hace 40 años. No nos han dado oportunidad de hacer propuestas ni a los 59 miembros de la plantilla ni a las familias de los usuarios. Es un atropello”.
Patro López, representante de UGT en el Centro Guadalmedina, denuncia que “a pesar de tratarse de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y que más de la mitad de ellas no tiene familia, los van a echar de su casa y a muchos les arrebatarán además su familia, que somos la plantilla del centro. No es cierto que ese espacio sea necesario e indispensable para construir el Tercer Hospital”.
Paula Rojas, madre de un chico usuario del Guadalmedina desde hace 17 años, afirma con indignación que “ésa es su casa, está perfectamente cuidados y atendidos. Pero desde Diputación no han tendido una encerrona, nos convocaron para hablar supuestamente del Covid, pero en realidad nos soltaron la bomba del cierre, en pleno agosto y en plena pandemia, es un trato inhumano. Solo quieren acabar con lo público para privatizarlo todo, para ellos nuestros familiares son solo números”.
