La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue las listas electorales de EH Bildu desde 2011, señalando que ha detectado un total de 23 candidatos condenados por terrorismo, aparte de los 44 que concurren al 28-M, incidiendo así en que la ley avala la ilegalización del partido político por llevar reiteradamente «listas contaminadas», después de que el Ministerio Público haya descartado iniciar este procedimiento.
Dignidad y Justicia reacciona así al decreto emitido el jueves por la Fiscalía, en el que rechazó activar el proceso de ilegalización de Bildu al considerar que no se dan las circunstancias exigidas para ello en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP).
«En atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática», resolvió la Fiscalía. En concreto, analizó el artículo 9.3.c) de la LOPP, según el cual un partido será declarado ilegal cuando incluya «regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».
Sobre este extremo, la Fiscalía subrayó que el citado precepto «exige la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas electorales cuando se haga de modo regular y no meramente ocasional». Al hilo, DyJ aporta en su escrito un listado de 23 candidatos condenados por el terrorismo de ETA que han competido en las urnas bajo las siglas de EH Bildu desde 2011. Detalla que presentó 9 aspirantes con ese perfil a las elecciones municipales de 2015; uno, a las autonómicas vascas de 2016; y 13, a las generales y municipales de 2019.
El presidente de DyJ, Daniel Portero, que firma este nuevo escrito, recalca que se trata de un cálculo aproximado, «como mínimo», que prueba «la reiteración de presentación de ‘listas contaminadas’ desde el año 2011». Para la asociación de víctimas, esto demuestra que Bildu «vulnera claramente el artículo 9 de la Ley de Partidos» y, en consecuencia, solicita a la Fiscalía que, como «defensor de la legalidad», «se amplíe la investigación de los candidatos a Vizcaya, Álava y Navarra durante los periodos electorales posteriores a 2011».
Además, pone de relieve la «imposibilidad material» de Dignidad y Justicia de «hacer un trabajo que corresponde al Estado de Derecho, no a los colectivos de víctimas del terrorismo».
