A principios de este año 2023, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención son 177.423, a ellas hay que añadir 131.810 expedientes -personas- que están pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 309.233 personas. A estos datos deben sumarse los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, hay 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.
Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos Castilla y León (0,18%), Castilla La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).
La Rioja (-45,8%), Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%), y Canarias (-28,9%) han cumplido en 2022 el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque.
Hay tres comunidades que, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en un porcentaje preocupante este año: Asturias (+34,7%), Islas Baleares (31%) y la Región de Murcia (+29,6%). La burocracia en los procedimientos y estos datos dificultan el cumplimiento del objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el Plan de Choque.
El 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado
Servicios low cost e independientes
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (percibidas actualmente por 517.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 139,6 €/mes para los Grado I; 240,5 €/mes para los Grado II y 334,9 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.
Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 445,5 €/mes (Grado II) y 550,8€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago” o copago invisible.
La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 h/mes, por grados 15,2h/mes para los Grado I; de 37,3 h/mes para los Grado II y de 57,1h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente.
