Y denuncia la pérdida de más de 1.500 efectivos del sector público en un año en la provincia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha concentrado este viernes en Málaga con motivo del Día del Empleado Público, que se celebra el 3 de marzo, y ha denunciado la pérdida de 1.514 efectivos de servicios públicos esenciales en un año en la provincia, al tiempo que ha culpado a las administraciones de los problemas que presentan distintos servicios públicos por falta de medios materiales y humanos.
«Las carencias de los servicios públicos son más que evidentes, y que afectan al ciudadano a la larga y su Estado del Bienestar. Y todo esto además, con la imagen de trabajador público como supuesto privilegiado. Que no solo es que no lo sea; sino que además ha perdido poder adquisitivo en los últimos años», apuntó Juan Pedro Ruiz, responsable de Sanidad de CSIF Málaga y portavoz del sindicato en la provincia.
Bajo el lema ‘Servicios públicos, lo primero. Tú lo mereces’, CSIF se ha concentrado en todas las provincias andaluzas para visibilizar el deterioro de los servicios públicos básicos en la comunidad y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan.
Según los datos del último Boletín de Personal al servicio de las Administraciones Públicas (que son referidos a julio de 2022), la cifra de empleadas y empleados públicos dependientes de la Junta de Andalucía (Sanidad, Educación, Justicia y Administración general) han descendido en un año un 2,97% en la provincia de Málaga, lo que se traduce en 1.514 efectivos menos en el cómputo de los distintos sectores entre julio de 2021 y julio de 2022, pasando de 51.127 en 2021 a los 49.613 actuales.
El grueso de este descenso se registra en el personal del sector público que depende de la comunidad autónoma, mientras que la Administración Local baja en 675 trabajadores. En conjunto, en la provincia de Málaga hay alrededor de 81.500 empleados y empleadas públicas al servicio de las distintas administraciones actualmente.
La pérdida de efectivos se explica por la amortización de los puestos de trabajo del personal que se jubila o fallece y cuya plaza no se sustituye y desaparece de las ofertas de empleo público. A juicio de CSIF se trata de una situación dramática que tiene repercusiones muy graves para la población y para los propios trabajadores y trabajadoras.
«No sé qué tipo de privilegio puede verse en un celador en primera línea de fuego en pandemia, con un sueldo de mil euros al mes. Hay que cambiar este chip y poner encima de la mesa que el empleado público hace el trabajo de tres o cuatro personas, puestos que nunca se cubren«, añade Juan Pedro Ruiz.
Infradotación enorme en Málaga y Andalucía
CSIF estima que en los ámbitos de Sanidad, Educación, Justicia y Administración General de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga son necesarios más de 8.000 empleados públicos, una necesidad que irá irremediablemente en aumento si no se revierte la destrucción de empleo público actual.
«Con este panorama, el gran perjudicado es el ciudadano. La Administración nos tiene como un bolsillo roto, y todas las medidas son a corto plazo; pero cuidar la Sanidad o la Educación pública sí que tiene rédito a largo plazo. Cuando surge una ayuda, como esta última de 200 euros al mes de la Junta de Andalucía queda muy bien de cara a la galería, pero luego no hay personal para agilizar los trámites. Así se están acumulando retrasos de hasta 18 meses en muchas prestaciones», comentó de nuevo Juan Pedro Ruiz, portavoz de CSIF Málaga.
Aprovechando la celebración de la citada efeméride, la central sindical subraya la dificultad con las que se prestan en demasiadas ocasiones servicios como la sanidad pública, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo o el SEPE, entre otros, por el déficit de personal que arrastran. Por ello, el sindicato ha querido trasladar su apoyo a los empleados y empleadas públicas, que sufren de forma directa la falta de personal y la falta de apoyo de las administraciones, así como una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más de un 25% en la última década.
CSIF señala que son los trabajadores y las trabajadoras quienes soportan la falta de inversión y la desidia de las administraciones competentes, al tiempo que manifiesta su rechazo a ciertos intentos de desprestigio hacia el colectivo de empleados públicos, a los que en demasiadas ocasiones se achacan los problemas que desgraciadamente existen en la prestación de distintos servicios públicos a la ciudadanía, cuando no son los responsables sino también las víctimas de la dejación de las administraciones, al igual que la propia ciudadanía.
