Para garantizar la atención de toda la población, es necesario continuar la presión de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de ¡más inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares!
El gasto militar de los tres últimos presupuestos, coincidentes con “el gobierno más progresista de la historia”, derivado de la potenciación de la participación en la OTAN y su implicación en la guerra de Ucrania, lleva a la conclusión de que “el Estado español gastará en 2023 más de 48.800 millones de euros en gasto militar, una cantidad escandalosa cuya finalidad es más escandalosa todavía, distribuida (y escondida) en los PGE y que aparece dispersa en distintos ministerios, así como en el sobregasto extrapresupuestario del fondo de contingencia y en los créditos extraordinarios” [1]
El presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementa un 26,31 % con el objetivo de alcanzar el 2 % del PIB que exige la OTAN. Pedro Sánchez se comprometió tras la Cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022 a alcanzar este objetivo, previsto para 2029, pero la realidad es que el gasto militar en estos presupuestos de 2023 ya superará sobradamente el tan manido 2 % del PIB. [2]
Gasto en armamento en comparación con servicios y equipamiento sanitario
Frente a ello, la inversión sanitaria y en salud pública no levanta cabeza. Cuando empezó a verse la luz al final del túnel para después de la pandemia, todo eran promesas y buenos propósitos para la Sanidad Pública, que se concretaron en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que recogía numerosas, y en general positivas, propuestas para reforzar el sistema sanitario público.
No obstante, ya en 2021 se pudo ver que la realidad iba por otro camino, y que las actuaciones prácticas de los Gobiernos Central y Autonómicos no respondían con hechos concretos a este supuesto interés por reforzar la Sanidad Pública, lo que pudo comprobarse, por ejemplo, en el bajo porcentaje de fondos provenientes del Plan de Resiliencia que se dedicaba a la Sanidad, y los escasos incrementos presupuestarios de las CCAA y del Gobierno Central al respecto.
En 2022 se ha continuado en la misma línea, unos presupuestos sanitarios con mejoras muy modestas que en modo alguno abordaban las necesidades de atención sanitaria de la población, lo que claramente vuelve a plantearse para 2023. Esta insuficiencia presupuestaria explica en gran parte el resto de problemas del sistema sanitario, con un deterioro continuado, y cada vez mayor de la Atención Primaria (demoras para citas de 8,8 días de promedio, predominio de la atención telefónica, etc.), Hospitales con pocas camas y recursos infrautilizados (según el último barómetro de listas de espera, en el primer semestre de 2022 se realizaron 24.412 intervenciones quirúrgicas menos que en el mismo periodo de 2019).
Mientras tanto, continúa el aumento de la privatización del sistema sanitario, especialmente en algunas Comunidades Autónomas, lo que aumenta los costes de la atención sanitaria y detrae más fondos a los centros de gestión pública, así como un gasto farmacéutico muy elevado (aumento del 6,9% en farmacia hospitalaria y 7,3% en recetas en 2021). Tampoco se han resuelto las necesidades de personal de los centros sanitarios, con una política de Recursos Humanos que penaliza a los profesionales y que ha hecho de las bajas retribuciones y la precariedad su característica fundamental. Todos estos hechos nos llevan a una situación muy preocupante para la Sanidad Pública y a la búsqueda de una parte de la población, la que económicamente puede permitírselo, de alternativas en el sector privado a la desatención de sus problemas de salud, lo que fomenta la inequidad y la quiebra del derecho constitucional a la protección de la salud.
Ante todo lo anterior, se está generando una cada vez más amplia respuesta social y profesional con la reivindicación de una Sanidad Pública Universal, Accesible y de Calidad, como sus características fundamentales. Por ello, más allá de promesas vanas, debemos exigir un compromiso tangible de las administraciones públicas a nivel central y autonómico para garantizar la atención necesaria para toda la población, y para ello es necesario continuar la presión de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de otra política bajo la consigna de ¡más inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares!. Pero para conseguirlo, sin duda, debemos movilizarnos también para que el Gobierno PSOE-UP abandone la vía militar en el conflicto de Ucrania optando por la vía del diálogo, la negociación y la paz. Debemos abogar por construir una coalición de amplia base, lo más transversal posible, en favor de la paz y frente a la guerra de Ucrania y sus consecuencias que ya han empezado a sentirse con toda crudeza en el Estado español y en todos los países del mundo, entre otras, inflación galopante, incremento del paro, pérdida de poder adquisitivo, presupuestos de guerra, deterioro significativo de la sanidad, la educación y del resto de los servicios públicos, subidas de las hipotecas, mayor número de desahucios, graves daños en el medio ambiente, movimientos migratorios incontrolados, supresión de derechos y libertades democráticas y auge del fascismo.
Publicado por Arturo Borges Álamo, médico jubilado para Hojas de debate
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