El Partido Popular reclamó este martes al Gobierno que garantice “medios técnicos y materiales” y apruebe un fondo de contingencia para que las comunidades autónomas puedan afrontar el reparto de los menores extranjeros no acompañados ubicados en Canarias, cuya relocalización se abordará este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud que se celebrará en Tenerife.
Así lo solicitó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la que rechazó posicionarse sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería pactada entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias –del que forma parte el PP– hasta que se produzca la Conferencia Sectorial, aunque el ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado que solo se informará a las comunidades de los términos de esta modificación legislativa y no se someterá a votación.
No obstante, a falta de que el Gobierno se reúna con las comunidades, sí reclamó más “medios” para sus comunidades, ya que “prácticamente todas” están saturadas. Y abogó por que el Gobierno se haga cargo de la situación cuando el reparto de menores sobrepase las capacidades máximas de las autonomías.
En paralelo a estas peticiones, anunció también que el PP remitirá hoy mismo una carta a la Comisión Europea firmada por su ‘número uno’ en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, para denunciar la “inacción” e “irresponsabilidad” del Gobierno en esta materia. “Lamentamos tener que hacerlo, pero, si no lo hace el Gobierno, lo tiene que hacer el Partido Popular”, explicó.
Y volvió a ignorar la amenaza del líder de Vox, Santiago Abascal, de romper en cualquiera de sus gobiernos de coalición si participan en el reparto de menores migrantes. “Ni nos impresionan los órdagos de Vox ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno”. “Los chantajes, con Alberto Núñez Feijóo, no funcionan”, remachó.
AMENAZA DE VOX
El portavoz del PP se sometió a una rueda de prensa prácticamente monográfica sobre el reparto de los menores migrantes. Y una de las cuestiones más repetidas fueron las declaraciones de Abascal, quien avisó a los barones populares de que dará por “rotos” los gobiernos de coalición si participan en la acogida de ‘menas’.
“La posición del Partido Popular se concreta en lo siguiente: solidaridad, toda; chantajes, ninguno”, respondió Sémper, quien admitió que su planteamiento está “alejado” del de Vox, pero también del de Pedro Sánchez.
“Entre no atender a los menores no acompañados como proclama Vox y el sí a todo sin distinción que propugna el Gobierno de España, existe un sistema de ayuda y solidaridad que defiende el Partido Popular, un sistema que debe de contar con recursos y con medios. Ofrecemos solidaridad, sí. Pero exigimos medios”, puso sobre la mesa el portavoz del PP.
“A partir de ahí”, prosiguió, “cada uno tomará sus responsabilidades”. Pero avisó a Vox de que los españoles “merecen estabilidad”, “gobiernos sólidos” y “políticas sensatas”. Y defendió que hay que ser “solidarios” para no “ver a seres humanos muriendo en las aguas”. Además, dijo que el PP no se ha planteado romper de “motu proprio” con Vox.
MÁS “MEDIOS” EN NIVELES MÁXIMOS
Por otro lado, Sémper hizo públicas las exigencias del PP para apoyar el plan del Gobierno para relocalizar los menores migrantes que atiende en estos momentos Canarias, que se eleva por encima de las 5.500 personas. Y, tras criticar “la frivolidad” y “la irresponsabilidad” del Ejecutivo, insistió en que sus comunidades atenderán a los menores, pero solo hasta “el límite de su capacidad”.
En este sentido, dijo que, una vez que se alcance ese máximo, derivar menores a estas comunidades “sería incurrir en un comportamiento inhumano y favorecer posibles consecuencias que tengan que ver con la seguridad ciudadana”, puesto que, a su juicio, acabarían en las calles. Por ello, reclamó que en ese escenario sea el Gobierno el que actúe habilitando “los medios y la gestión de los mismos”.
“Todos los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular lideran territorios de acogida y son solidarios, pero nadie puede pedirles que ofrezcan más de lo que tienen”. “Para todo lo que vaya más allá de nuestra capacidad máxima de acogida es el Gobierno el que debe garantizar los medios y las fórmulas necesarias”, expuso.
El principal partido de la oposición reiteró así que sus gobiernos autonómicos están dispuestos a participar en la reubicación de los ‘menas’ hasta alcanzar su máximo de capacidad. Pero insistió en que “prácticamente todas” ya están saturadas. Por ende, Sémper argumentó que es el Gobierno el que debe “abandonar el cinismo” y tomar cartas en el asunto, más cuando existe una “situación asimétrica” y los que se están “negando” a colaborar son partidos como Junts o alcaldes como el de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala.
“Las comunidades autónomas gobernadas por el PP acogen ya a 5.000 menores no acompañados. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista acogen a 341”, explicitó el portavoz del PP, aunque su partido gobierna en 11 comunidades y dos ciudades autónomas, además de Canarias; y los socialistas solo tienen dos ejecutivos autonómicos.
EXIGENCIAS EN LA CONFERENCIA SECTORAL
En esta coyuntura, las autonomías gobernadas por el PP pedirán al Gobierno en la Conferencia Sectorial “que abandone la imposición” y dialogue con ellas. Le reclamarán un fondo de contingencia “con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores que ya han sido acogidos”. Y le solicitarán que informe de los traslados de inmigrantes irregulares antes de que lleguen a su territorio porque es “inaceptable” que se produzca lo contrario.
También reclamarán que no imponga un sistema de reparto a través de la Ley de Extranjería. No obstante el Gobierno ya ha afirmado que apostará por esta vía tras pactarlo con Canarias. Y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha avalado que la relocalización de menores migrantes sea “vinculante” y “automático” por ley, aunque “siempre y cuando responda a unas medidas estructurales y eficaces para resolver el problema”.
“Es lo mismo que está diciendo el Partido Popular. Todo tiene que ir aparejado de las condiciones que garanticen un trato humano un acogimiento eficaz de esos menores no acompañados”, dijo Sémper, quien mostró su deseo de que la modificación de la Ley de Extranjería tenga en cuenta las aportaciones que hagan las comunidades del PP para que no aplique un sistema que trate a los menas como “paquetería”.
“Queremos que participen todas las comunidades en una hipotética acogida de menores no acompañados sin excepción”, dijo con los ojos puestos en Cataluña. “Queremos saber cuál es la financiación para el acogimiento que plantea el Gobierno, en qué condiciones llegan esos menores, comprobar que son menores y de qué países vienen, y que el Gobierno diga que pretende que suceda con esos menores. ¿Cómo se les va a tratar? ¿Qué futuro se les ofrece? ¿En qué condiciones van a ser acogidos en España y con qué perspectivas?”, añadió Sémper.
ELEVA EL ASUNTO A EUROPA
De hecho, la queja más recurrente en Génova este martes fue que el Gobierno no ha trasladado aún ningún papel a la oposición ni a las comunidades autónomas del PP. En este contexto, el PP pidió al Gobierno que ponga sobre la mesa “medios y fórrmulas necesarias” para afrontar esta problemática. Y todo “por escrito”.
Además, ha optado por elevar este asunto de forma oficial a Bruselas. Feijóo ya pidió la semana pasada a Sánchez que pidiera ayudar a la Comisión Europea y, ante su inacción, Génova ha decidido denunciar ante el Ejecutivo comunitario la situación que atraviesa Canarias y la “irresponsabilidad” del Gobierno.
Por último, en materia de política exterior, reclamó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que “trabaje con los países de origen para atacar a las mafias”; “ejerza un verdadero control de fronteras, estableciendo rutas migratorias regulares para personas que quieran venir a trabajar”; y realice “gestiones parecidas a las que hicieron los italianos y los griegos para atajar un problema que es real”.
Y ratificó que se deben usar todos los recursos necesarios, también la Armada para labores de disuasión y vigilancia, más cuando el propio Gobierno prevé que lleguen 70.000 inmigrantes ilegales más este verano.
(SERVIMEDIA)
