El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Antequera, Kiko Calderón, han exigido al equipo de gobierno en la institución provincial que garantice la continuidad de la residencia La Vega. En rueda de prensa junto a las instalaciones, han pedido también a la Junta de Andalucía que lleve a cabo la correspondiente acreditación del centro y el concierto del mayor número de plazas. Los socialistas han presentado una moción con estas peticiones que se debatirá en el pleno de la Diputación el próximo miércoles.
La residencia La Vega, situada en el término municipal de Antequera, pertenece a la red de centros asistenciales dependientes de la Diputación de Málaga. Puede atender a 60 usuarios, aunque a día de hoy tan sólo están cubiertas 7 plazas. Hay 32 trabajadores en el centro para 7 usuarios. Bernal ha asegurado que esta residencia «muestra el abandono de las políticas sociales por parte del PP».
Al tiempo, ha denunciado las «políticas de desmantelamiento» que ha llevado el PP en la Diputación, con ejemplos como el cierre de la residencia de Colmenar, la clausura del Centro de Alzheimer, la eliminación de la Escuela de Enfermería y también de la guardería provincial, el cierre de la Unidad de Atención Temprana o el cierre del Centro Guadalmedina. «Le han dado la espalda al sentido original que tenían las diputaciones, que son las políticas sociales», ha lamentado.
Por ello, ha reclamado al equipo de gobierno en la Diputación de Málaga que destine una partida de los presupuestos para que este centro esté en las mejores condiciones, al tiempo que ha pedido a la Junta que concierte plazas. «¿Cuántas plazas se podrían concertar con los 93 millones que le vamos a perdonar a los ricos en Andalucía?», se ha preguntado Bernal, en referencia a la supresión del impuesto de patrimonio aprobado por el Gobierno de Moreno Bonilla.
Por su parte, Calderón ha denunciado que «el PP está dejando morir esta residencia» y lo ha acusado de no concertar plazas, a pesar del «drama» en la comarca por la falta de plazas en residencias. En este sentido, ha advertido de que estas políticas del PP hacen que proliferen las residencias privadas, pero «no todo el mundo puede pagar 1.500 euros mensuales«. «Hay demanda de plazas y en esta residencia pública hay plazas libres», ha recordado.
«Exigimos al PP que cumpla con la palabra dada en relación a esta residencia. ¿Dónde está el señor Barón cuando su partido deja morir esta residencia? Nuestros mayores están totalmente desprotegidos por el PP. La garantía de que no cierre esta residencia es que gobierne el PSOE la Diputación», ha asegurado.
Derechos Sociales
Por otro lado, durante la última comisión de Economía, las ediles socialistas Carmen Martín y Maricarmen Sánchez han sacado adelante dos mociones por unanimidad para aumentar la plantilla del área de Derechos Sociales tras el fin de contrato de 70 trabajadores el pasado 31 de agosto, además de arrancar un compromiso de mayor financiación destinada a mejoras en los mercados municipales de la ciudad.
Tras aceptar enmiendas del grupo del PP en ambos, con él animo de “continuar lo que se está haciendo, aunque no es suficiente”, Martín ha dado por válida la intención del equipo de gobierno de incrementar “una plantilla de trabajadores y trabajadoras del área de Derechos Sociales que es la que da la cara frente las necesidades de familias en situación de vulnerabilidad, en muchos casos con urgencia para garantizar servicios básicos”, que se canalizan de manera administrativa en los Centros Sociales Comunitarios. “Los empleados de Servicios Sociales Comunitarios son el lazo más estrecho entre el Ayuntamiento y los ciudadanos con necesidades esenciales y urgentes”, ha señalado la responsable socialista.
