Un total de 177.705 andaluces solicitaron el año pasado asistencia jurídica gratuita y el 88,3% (157.063) resultaron beneficiarios de este derecho que prestan los abogados y procuradores del turno de oficio, cuyas retribuciones asume la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para garantizar un derecho fundamental como el acceso a la Justicia a cualquier persona independientemente de sus recursos económicos.
Solo 18.048 solicitudes fueron denegadas, el 10%, en la mayoría de los casos porque la persona no cumplía los requisitos para acceder a este derecho (16.738) y en 1.310 asuntos porque las Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita consideraron que la pretensión era inviable o indefendible. En 688 casos se dictó una resolución de archivo y en otros 1.906 los expedientes están por resolver o han sido impugnados.
Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más. También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.
Las solicitudes pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. En la web de la Consejería de Justicia pueden descargarse los formularios que hay que presentar, además de acceder a información sobre la documentación requerida y calcular, a través de un simulador, si se puede ser beneficiario de este derecho (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaadministracionlocalyfuncionpublica/areas/justicia/gratuita.html)
Por jurisdicciones, los abogados y procuradores del turno de oficio asistieron sobre todo a personas inmersas en procesos penales (94.506), seguidos de los civiles (44.250) y, en menor medida, contenciosos, sociales, militares u otros (18.307).
Los profesionales que prestan este servicio certifican sus actuaciones de forma trimestral, tras lo que la Consejería de Justicia procede al pago de los mismos, a través de los colegios profesionales, una vez que éstos presentan a la Junta las certificaciones de las asistencias realizadas por sus colegiados. Tienen un mes para hacerlo desde el fin del trimestre correspondiente. Desde la pasada legislatura, se han agilizado los plazos en los que se transfiere el dinero a las entidades y actualmente se paga en una media de 15 días hábiles desde que se presentan las certificaciones.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha recordado que en el último pago, correspondiente a los servicios prestados entre abril y junio de este año, «gracias al esfuerzo de la Consejería y de los colegios profesionales hemos abonado al CADECA las retribuciones en un tiempo récord de 10 días».
Además, desde el 1 de enero de 2023 las cuantías que reciben los profesionales se han incrementado un 4% lineal mientras se tramita la nueva orden de módulos y bases que regula las retribuciones del turno de oficio, que estaban congeladas desde 2009. La misma, consensuada con los colegios profesionales, prevé subir un 16% de media las cuantías que percibirán los abogados y procuradores a partir de 2024.
«Los profesionales del sistema de Justicia Gratuita realiza una labor social fundamental que desde la Consejería queremos que tenga su justo reconocimiento mediante la actualización de sus retribuciones a través de una nueva orden de módulos y bases que aprobaremos en breve en Consejo de Gobierno», ha señalado Nieto.
