Como hemos podido comprobar con la pandemia COVID-19, así como otros tantos retos a los que nos enfrentamos cotidianamente, la Ciencia demuestra ser el elemento clave que nos permite avanzar como colectivo y sobreponernos y superar las adversidades.
Sin embargo, al concluir la presente legislatura y vernos abocados a un nuevo proceso electoral, volvemos a lamentar la casi inexistente presencia en los medios de comunicación de espacios de debate y de propuestas para algo tan vital para el progreso y desarrollo de la sociedad como es la Ciencia. Es como si estos temas no fuesen del interés ciudadano o, acaso, de los propios Partidos Políticos.
La fundación GADEA por la Ciencia aúna en una misma organización a los mejores científicos españoles unidos por el convencimiento de que “la Ciencia es un servicio imprescindible en los planteamientos y esquemas de un estado moderno que debe ser favorecida por todos, en beneficio de todos.”
Siendo así, debemos reconocer que en España la apuesta por la investigación, la innovación y el emprendimiento no figuran entre los temas preminentes de nuestro argumentario cultural colectivo y de manera especial en el de los gobernantes sucesivos. Como consecuencia, entre otras, vemos como en los últimos años el gasto en Ciencia e Innovación en España se ha situado en el 1,43% del PIB según el INE, quedando lejos del 2,27% de la media de la Unión Europea.
Esta falta de interés e inversión tiene claro impacto en nuestra producción científica y su traslación a la economía real. Índices internacionales como “Global Innovation Index 2022 – Spain” (WIPO), que centra su atención en los efectos previstos de la innovación en los próximos decenios en tres esferas principales: la productividad, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, nos sitúa entre los países con crecimiento moderado/bajo.
A la falta de apoyo político y financiero se unen trabas organizativas que dificultan cualquier tipo de investigación. La complejidad administrativa y la ineficacia de los procedimientos de gestión de los proyectos con financiación pública supone que las partidas presupuestarias tengan una disponibilidad lenta, rígida y poco eficiente. Unido a lo anterior, los requerimientos burocráticos y procedimientos de financiación complejos crean barreras que dificultan la participación de nuevas empresas y PYMEs de base científico tecnológica en los programas públicos de apoyo a la I+D+i.
Todo ello, ligado a que la Agencia Estatal de Investigación (organismo público español responsable del fomento de la investigación científica y técnica en todas las áreas del saber y principal instrumento para la financiación, con fondos públicos, de las actividades de I+D+i integradas en los Planes Estatales de Investigación e Innovación) viene adoleciendo de problemas de funcionamiento que repercuten en el mejor cumplimiento de sus funciones y que estos se relacionan con la escasez de medios y la limitada autonomía de gestión, tal y como reconoce el propio Tribunal de Cuentas.
Pues bien, en estos momentos los 492 científicos reunidos en la Fundación GADEA por la Ciencia consideramos que estamos en un momento crucial. Uno en el que las administraciones públicas y las empresas deben promover e impulsar la Ciencia en España, no sólo por el impacto y retorno económico que genera, sino también por sentar unas bases de competitividad ante los grandes retos presentes y futuros a los que nos enfrentamos como País. Ofrecemos para ello nuestros conocimientos y experiencia y lo hacemos de forma independiente, convencida y con absoluta determinación.
Como españoles, debemos aspirar a estar en el primer nivel de las naciones activas en Ciencia, tanto por nuestra historia y capacidad económica (quinto país europeo por PIB Nominal), como por nuestros recursos humanos, instalaciones y equipamientos.
Dicho lo anterior a modo de introducción, y ante la llamada a las urnas del próximo 23 de julio, desde la Fundación GADEA por la Ciencia instamos a los Partidos Políticos que concurren a las elecciones a:
1. Realizar una apuesta convencida y firme por un desarrollo sostenible y competitivo de la Ciencia en España que permita avanzar hacia una sociedad próspera, libre, abierta y solidaria. Para ello, es necesario un estímulo inequívoco (estrategia e inversión), claro y mantenido del Sistema Español de Ciencia, Innovación y Empresa.
2. Elevar la inversión en Ciencia e Innovación hasta al menos el 2% del PIB en el transcurso (4 años) de la próxima legislatura.
Promover los cambios legislativos necesarios para que los fondos anuales financieros, presupuestados para objetivos de I+D+i y no ejecutados, se destinen a crear y nutrir un fondo (banco) de financiación controlado y gestionado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
3. Dotar a la AEI de los recursos suficientes y plurianuales (humanos y presupuestarios) y de la autonomía e independencia necesarias para su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos. Ello debería aunar el modernizar y flexibilizar la gestión de los proyectos de investigación con financiación pública desde los calendarios y procedimientos de solicitud de ayudas, incluyendo a los alineados con las necesidades de spin-offs, start-ups y PYMEs innovadoras.
4. Estimular, promover y facilitar la participación indispensable de las Universidades en los procesos de desarrollo científico e innovador de la mano de nuestro tejido industrial.
5. Favorecer el aprecio por el Conocimiento y la participación social en los objetivos de Ciencia e Innovación, acometiendo las reformas precisas en la Ley de Mecenazgo y con un tratamiento fiscal especial para actividades de I+D+i
6. Incluir en la ya visible campaña electoral un compromiso firme, claro, inequívoco y sin fisuras, traducido a través de la presencia en el futuro Gobierno de España de un Ministerio se Universidades, Ciencia e Innovación, como base de una sociedad informada y fuerte basada en el Conocimiento, elemento fundamental para un desarrollo sostenible y competitivo.
