Por Camil Straschnoy
La liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus todavía es rechazada por una decena de países y la Unión Europea (UE), una postura cada vez más minoritaria y con diferencias internas, pero que impide alcanzar el consenso necesario de cara al próximo encuentro formal de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el martes y miércoles de la semana próxima.
El respaldo de Estados Unidos a la propuesta presentada en octubre del año pasado por India y Sudáfrica permitió sumar nuevos votos a favor como los de Nueva Zelanda y Ucrania y ya son unos 110 los miembros, incluyendo a Argentina, los que brindaron un apoyo explícito.
Sin embargo, como las decisiones en la OMC se toman por el consenso de sus 164 miembros, alcanza la oposición férrea demostrada hasta el momento por la Unión Europa (UE), el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, para no llegar a un acuerdo.
Esos países no son los únicos que rechazan la iniciativa que, en una última modificación realizada para sumar adhesiones, establece que la suspensión sea «al menos por tres años» para dar tiempo a una inmunización global contra el virus y todas sus variantes, y que la exención de las patentes incluya a «todos los productos y tecnologías sanitarias» para «prevenir, tratar y contener» la Covid-19, sean las vacunas, su materia prima o los test.
Brasil, Australia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Noruega están entre las naciones que demostraron hasta ahora su oposición, aunque con matices. Además, hay un tercer grupo, en el que están Chile, Canadá y al que se sumó ahora Japón, entre otros, que se mostró abierto a profundizar el debate antes de definir una postura.
«Desafortunadamente, el Gobierno australiano parece estar comprando los argumentos de la industria farmacéutica de que el problema no es la propiedad intelectual sino la escasez de materias primas y la falta de capacidad de fabricación», indicó a Télam la profesora Deborah Gleeson, miembro de la Asociación de Salud Pública de Australia.
Gleeson detalló dos grandes factores que inciden en ese cuadro de situación: el país oceánico «depende en gran medida de los suministros de Pfizer para vacunar a la población menor de 50 años», pero además «está negociando acuerdos comerciales con la UE y el Reino Unido y su posición sobre la exención de propiedad intelectual está estrechamente alineada con ellos».
La organización que representa ya envió al Gobierno un petitorio firmado por más de 700 profesionales de la salud y académicos para que apoyen el levantamiento de patentes.
Varias organizaciones médicas y humanitarias, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y Action Aid, también llevan adelante campañas locales y globales para que los países que todavía se oponen cambien su posición.
Gracias a esa movilización y el respaldo abierto que dio Estados Unidos a principios de mayo, la propia Australia, Taiwán, Corea del Sur, Noruega y Japón se movieron milímetros de su postura. En el último encuentro informal de la OMC, el lunes pasado, pidieron más tiempo y sugirieron que las conversaciones sigan a mitad de julio, indicó a esta agencia una fuente que participó del debate en la ciudad suiza de Ginebra.
«Japón cambió ligeramente su política sobre la propuesta de exención de oposición a neutral. Expresó oficialmente su voluntad de participar positiva y activamente en la negociación», comentó a Télam Mustafa Talpur, representante para Asia de Oxfam, otra ONG que hace campaña a favor de la iniciativa en debate en la OMC.
El activista indicó que esa ambivalencia se debe a que si bien el país asiático se beneficiaría con la propuesta por no haber logrado su propia vacuna contra la Covid-19, por otro lado existen reparos a que «viole su superioridad tecnológica» en otros desarrollos vinculados a la lucha contra la pandemia.
«Las empresas farmacéuticas japonesas están haciendo esfuerzos para desarrollar medicamentos y vacunas y, si lo logran, les gustaría obtener ganancias monopolizando los derechos de propiedad», manifestó Talpur.
Brasil, con un Gobierno que negó en un principio la gravedad de la pandemia, rechazó las recomendaciones médicas y apostó a remedios sin comprobación científica para la Covid-19 como la cloroquina, también tiene una mayor presión para modificar su posición: internamente avanza la investigación parlamentaria sobre la gestión del brote y, fronteras afuera, quedó aislado en el Brics.
El grupo de países emergentes formado además por Rusia, India, China y Sudáfrica se reunió esta semana de forma virtual e instó a «avanzar con la discusión» sobre la suspensión temporal de patentes, aunque sin dar un apoyo explícito por la postura del presidente Jair Bolsonaro.
Son la UE, Reino Unido y Suiza los que se mantienen más firmes en su rechazo y durante la última reunión informal en la OMC repitieron el argumento de que las patentes no son un obstáculo para producir vacunas como sí lo son otros factores vinculados al conocimiento técnico y práctico (resumido en el anglicismo know-how), la capacidad tecnológica, la seguridad y la calidad del proceso.
Esta postura se evidenció en encuentros multilaterales como la Cumbre Mundial de Salud del G20 o el dedicado específicamente al coronavirus que organizó esta semana Japón junto a la Alianza para la Vacunación (Gavi), en los que los países europeos insistieron en el camino de donar vacunas sobrantes, pero no liberar las patentes de los fármacos.
Como alternativa, la UE presentó ayer a la OMC una propuesta sobre un «pacto multilateral» que incluya «precios asequible» de las vacunas a los países que más lo necesiten y facilitar «el uso de licencias obligatorias» que permitiría que se desarrollen inmunizantes genéricos a cambio de un canon a aquellas empresas que poseen la propiedad intelectual.
