Andalucía quiere denunciar la inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda

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El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebra este martes su reunión semanal en el palacio de San Telmo, en Sevilla, con un orden del día que incluye entre otros aspectos un acuerdo de toma en conocimiento del trámite para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda, que impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler, permite rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

Ya el pasado mes de abril, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el popular Antonio Sanz, exponía que la Junta iba a «analizar jurídicamente» esta normativa, considerando que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos la había «cocinado de espaldas a las comunidades autónomas».

Sanz señalaba, en ese sentido, que se trata de una norma «permisiva con la ocupación ilegal», hasta el extremo de considerar que «ayuda, favorece la ocupación ilegal»; a lo que sumaba que «contempla medidas intervencionistas», entre las que mencionaba expresamente la regulación de los precios de los alquileres y las zonas tensionadas. A juicio de Sanz, se trata de una norma que entraña «un ataque a la propiedad privada» y que trae consigo «inseguridad jurídica».

Además, el orden del día de la nueva sesión del consejo de gobierno incluye un decreto por el que se regula la Oficina para la Defensa del Contribuyente de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía; así como otro acuerdo por el que se aprueba el contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2023-2026 y una orden por la que se eleva a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas derivadas de los tributos propios y de otras deudas de derecho público no tributarias.

También figura en el orden del día el inicio de la elaboración de un Plan Estratégico de Sedes Administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como el incremento retributivo para el curso escolar 2023/2024 previsto en el acuerdo con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación para las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública.

El orden del día incluye además un acuerdo con el que se autoriza la creación y supresión de centros universitarios en las Universidades de Andalucía a partir del curso académico 2023/2024; además de la anunciada implantación reducción del 60 por ciento sobre el precio habitual de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de transporte terrestre competencia de la Comunidad Autónoma hasta el 31 de diciembre.

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